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Cinco guardiacárceles irán a juicio por el femicidio de Andrea Neri

Fue por requerimiento del fiscal penal Pablo Rivero. El femicidio se produjo en enero de este año dentro del penal de Villa Las Rosas.

Por el femicidio de Andrea Neri a manos de Gabriel "Chirete" Herrera, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Rivero, requirió juicio para los guardiacárceles Juan Carlos Gutiérrez, José Luis Ávalos, Fernando Daniel Velásquez y Héctor Augusto Franco por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; y para Nelson Alexander Cardozo por abandono de persona seguido de muerte.



En sus fundamentos, Rivero expresó que en el caso del jefe de Pabellón E, Franco; el sub jefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento, Velázquez; el director del penal, Gutiérrez; y el jefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento, Ávalos; quedó acreditado que omitieron el cumplimiento de sus funciones, detalladas en el Reglamento Interno de Unidades Carcelarias y otras normativas.



Según publicó el sitio Fiscales Penales Salta, Rivero evaluó que la muerte de Neri se podría haber evitado si se hubieran extremado los controles, sobre todo en el caso del interno Herrera, quien se encontraba cumpliendo condena por haber matado a su anterior pareja dentro de la Unidad Carcelaria en las mismas circunstancias, en el marco de las visitas privadas, poniendo al descubierto fallas graves en los sistemas de control y en las medidas de seguridad que tendrían que haber tomado estos funcionarios. Cabe señalar que se trata de funciones de cumplimiento ineludible y que se encontraban en la órbita del ejercicio de su cargo, evidenciándose con ello un actuar intencional.



En el caso del celador Cardozo, quien el día del homicidio se desempeñaba en el pabellón E, tercera planta, quedó acreditado que hizo caso omiso de la advertencia de un recluso que le informó que Herrera estaba agrediendo a Neri en los baños y que la llevó en contra de su voluntad a la celda, entendiendo el fiscal que en su condición de funcionario del Servicio Penitenciario tenía el deber no sólo de custodiar a la población carcelaria sino también a cualquier persona que ingrese a su zona de custodia, facilitando con su inacción el fatal desenlace de la joven.



Con un detalle de la base probatoria reunida, Rivero presentó el requerimiento a juicio ante el Juzgado de Garantías 4, a cargo de Diego Rodríguez Pipino.



 



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