La Justicia favoreció a una de las empresas que compró en Tolloche

La empresa, representada por Eduardo Aguilar, había denunciado que los campesinos (que habitan en la zona hace muchos años y cuentan con tierras en la zona), habían arrancado los alambres dispuestos por GF Tolloche, para delimitar el catastro 12.401, que es el que estaba en disputa, si bien este constituye una de las parcelas compradas por la empresa.

Al explicar su resolución, la jueza indicó que "para decidir el caso en análisis, debe tenerse presente que el Interdicto de Retener constituye una medida de carácter policial que tiene por fin garantizar al poseedor o tenedor de una cosa mueble o inmueble, el pleno goce de su posesión o tenencia actual".

La jueza entendió que la empresa acreditó la posesión del catastro "toda vez que ha demostrado haber realizado actos posesorios tales como el alambrado perimetral de la parte sur en su totalidad, colocación de portones, colocación de un cartel que reza 'Rincón de Salta' y se advierte que tiene cierta antigüedad, que hay personal trabajando en el lugar alambrando la parte norte de las matrículas, que dice trabajar para GF Agro contratada por GF Tolloche, que hay personal que trabaja en el lugar custodiando y coordinando las tareas, que hay tanques de agua, que realizó una picada ancha la cual hace las veces de camino por el cual ingresamos al inmueble, que acreditó el pago de impuestos inmobiliarios rurales, que se encuentra gestionando desde el año 2010 permiso de desmonte para poder limpiar la zona y realizar actividad ganadera, que realizó varias denuncias policiales en pos de defender su posesión, que promovió acciones en sede Civil y en sede Penal por Usurpación (del Distrito Judicial Sur Metán) que realizó un alambrado de aproximadamente 1000 metros en el límite con la matrícula 12.388, cual luego fue derribado por los demandados".

Campesinos con "falta de pruebas"

Por el contrario, la jueza sostuvo que los demandados por la empresa (los campesinos), "derribaron", ese alambrado, hicieron picadas a mano en zona del catastro en disputa, además de aludir a una inspección que realizó un juez de Paz "donde consta la picada nueva como así también que se presento Rafael Nazareno Bazán quien manifestó que vive en el Puesto El Quinto, que es vecino de la parcela en conflicto, que el Gobierno le dio 500 has pero que estaban haciendo una picada nueva porque tenían una orden de la jueza de Metán que le había manifestado su abogado pero que él nunca la vio y tampoco sabe el apellido y que por esa razón tiraron el alambrado y realizaron una nueva picada porque pretenden alambrar". A lo cual agregó la "falta de pruebas" sobre que las mejoras más antiguas en este sector hayan sido realizadas por los Bazán.

Fuente: Nuevo Diario