La policía brasileña detiene a Lula da Silva para interrogarlo por corrupción en Petrobras

En una espectacular operación, la Policía Federal de Brasil ha registrado este viernes la casa del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y se lo ha llevado a declarar como sospechoso de haber participado en una trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras.

Se trata del golpe más duro hasta el momento contra el exmandatario, sobre el que pesaban sospechas desde hace tiempo: la fiscalía lo ha acusado, por primera vez, de ser "uno de los principales beneficiarios" de un sistema de desvío de dinero que "favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal" y que alcanza a políticos y partidos que obtenían financiación irregular. La supuesta red de corrupción de Petrobras, operativa entre 2004 y 2012, supuestamente desvió 10.000 millones de reales (unos 3.200 millones de euros) de la petrolera.

Los investigadores apuntan a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. Las dos empresas están implicadas en la trama de corrupción de Lava Jato. En el caso de OAS, el comunicado que publicó la fiscalía este viernes calcula que OAS hizo reformas por valor de más de un millón de reales en el tríplex de lujo.

La macrooperación comenzó al filo de las seis de la mañana. Los investigadores la bautizaron Aletheia en referencia a la expresión griega que significa "búsqueda de la verdad", y en ella participaron unos 200 policías y 30 auditores de Hacienda cumpliendo órdenes judiciales en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahia. Al domicilio de Lula, en São Bernardo (a unos 20 kilómetros de São Paulo) no tardaron en acercarse simpatizantes y detractores del político. El hijo de Lula, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, también recibió la visita de agentes de la Policía Federal en su apartamento en el barrio de Moema, zona sur de São Paulo.

Los efectos de la operación Aletheia pueden ser catastróficos para el Gobierno y para Lula, que tenía esperanzas de ser candidato a la presidencia de nuevo en 2018. La presión había ido creciendo en las últimas semanas sobre el expresidente de Brasil.

El sábado pasado, en la fiesta del 36º aniversario del PT, en Río de Janeiro, Luladio señales de que esperaba que la Policía Federal lo llamase a declarar por sospechas de corrupción relacionadas con el caso Lava Jato. Lula expresó su temor de que la Justicia levante su secreto bancario y revele informaciones fiscales y registros telefónicos. "Si ese es el precio que tengo que pagar para probar mi inocencia, lo hago. Solo quiero que después me den un certificado de idoneidad", dijo en tono irónico. El expresidente brasileño, que ha decidido defenderse atacando, insinuó también el sábado que las investigaciones en su contra son puramente mediáticas.

El Ministerio Público Federal, por su parte, ha sido duro en el comunicado publicado horas después de los registros en las casas de Lula y su hijo. El texto asegura que "dentro de una República, incluso las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de actividad criminal, que se apoya, en este caso, en decenas de testimonios y amplias pruebas documentales".