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Reclamo / La oposición venezolana pide el respaldo internacional a la amnistía

Ante la amenaza de un veto del Supremo, Lilian Tintori y dirigentes iniciaran una gira de 10 días para pedir apoyo a la ley.

La oposición venezolana pide el respaldo internacional a la amnistía

La oposición venezolana ha iniciado una carrera meteórica por conseguir el respaldo internacional a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada este martes por el Parlamento para liberar a los presos políticos, ante la amenaza de un veto del Supremo. Son 10 días de giras nacionales e internacionales, a partir del jueves, precisamente el mismo lapso de tiempo que tiene el presidente Nicolás Maduro para promulgar la ley o enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para revisar su constitucionalidad.

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, y parlamentarios y dirigentes del partido Voluntad Popular (VP) han asumido las riendas de esta nueva contienda en Venezuela. La gira Todos por la Libertad arrancó este jueves en el estado de Zulia, y se propagará en otras regiones. “Queremos hacer foros y actividades a favor de la ley. También visitaremos varios países del continente, ya que este es uno de los momentos más importantes para lograr la liberación de los presos políticos y la democracia en Venezuela, y necesitamos para ello del respaldo internacional”, explica Tintori.

La posible liberación de 78 presos políticos ha desatado otra disputa entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. Maduro ha anunciado que no aceptará la promulgación de la ley, pero la oposición empieza a asomar su artillería para defender su validez. “Si el presidente Maduro recibió a grupos guerrilleros colombianos, por qué no acepta la amnistía para los presos políticos. Él habla de la paz y de la libertad, pero sus acciones demuestran todo lo contrario”, afirma Tintori.

Leopoldo López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao y líder de VP, cumple una condena de 13 años y nueve meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado de Miranda, por convocar a una salida del gobierno de Maduro mediante manifestaciones y acusado de desórdenes sociales. Su esposa indica que está aislado en una torre y, en diferentes ocasiones, él y su familia han sufrido vejaciones. El miércoles fue trasladado a un hospital para un chequeo médico de rutina, pero su esposa solo supo sobre este hecho al leer la prensa: “Estaba nerviosa por qué no sabía a dónde se lo llevaron, luego me alivió conocer que se trataba de un chequeo médico. Él, al menos, es trasladado a un hospital para recibir atención, pero otros presos políticos no y sus condiciones de salud son precarias. Eso es inhumano”.

El encarcelamiento de los presos políticos ha provocado pronunciamientos en su defensa de organismos internacionales de derechos humanos, exmandatarios, senadores y presidentes del mundo, entre ellos Mauricio Macri (Argentina) y Barack Obama (Estados Unidos).

Según el oficialismo, el espaldarazo de la comunidad internacional obedece a una intención de sacar a Maduro del poder. Los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (fundado por Hugo Chávez) aseguran que la ley de amnistía es un instrumento para la impunidad. Pero la oposición ha enfatizado que este documento excluye a los culpables de homicidios, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos.

Lucha judicial. Los opositores aseguran que esta ley beneficiaría a los encarcelados por protestar, los perseguidos políticos, los empleados de la administración pública reprendidos por no comulgar con el Gobierno, los editores de los diarios venezolanos demandados por Diosdado Cabello (el segundo hombre del chavismo) por reproducir informaciones sobre sus supuestos vínculos con tráfico de drogas y a dirigentes políticos como López, el excandidato presidencial Manuel Rosales y los exalcades Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

La oposición presume que Maduro apelará al Supremo para impedir la aplicación de esta ley de amnistía. El silencio de este órgano hasta el momento no alivia la tensión de los opositores, pues el oficialismo ha amenazado con valerse de este brazo judicial para evitar una amnistía.

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