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Revocatorio contra Maduro / La oposición venezolana aumenta la presión en las calles

La Mesa de la Unidad Democrática pide al poder electoral avances en el desarrollo del referéndum.

La oposición venezolana aumenta la presión en las calles

La sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el oficialismo- parece una muralla impenetrable para la oposición en Venezuela. Los opositores se movilizaron ayer ante un cúmulo de obstáculos para solicitar que el poder electoral conceda el permiso para recaudar los más de cuatro millones de firmas que son obligatorias para la activación de un referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro. La petición del chavismo de ilegalizarla ha creado aún más tensión entre Gobierno y oposición.

El malestar de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) creció esta semana después de conocer la suspensión de un pronunciamiento de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, sobre el calendario para continuar con el proceso del revocatorio y después de conocer la petición del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del presidente Maduro, de ilegalizarla como fuerza política. “¿Van a anular el registro de la MUD como partido político? Eso significaría dinamitar la política venezolana”, dijo JesúsChuo Torrealba, secretario general de la alianza opositora.

Una posible ilegalización de la MUD puede suponer en Venezuela un régimen de partido único—una situación parecida a la cubana—, porque el gobernante PSUV se adueñaría casi en exclusiva del escenario político.

La maniobra del oficialismo también puede impedir el revocatorio porque la Mesa de Unidad Democrática figura como el partido solicitante del referéndum. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente del PSUV, acudió a la sede del poder electoral para entregar un informe sobre las supuestas irregularidades cometidas por la coalición opositora en la recaudación del 1% de las firmas necesarias para el referendo. “¿Cómo va a activar un artículo de la Constitución (el revocatorio) con un basamento tan profundamente manchado?”, dijo el dirigente tras reunirse con Lucena.

Ahora el CNE evalúa el expediente entregado por el chavismo en el que emprende acciones contra el referéndum. En junio, el partido gobernante también introdujo un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la anulación del proceso revocatorio por los supuestos fraudes cometidos en la recaudación del 1% de las firmas, pero todavía no han obtenido una respuesta oficial. “Es claro que el objetivo es impedir el plebiscito. Si se anula de alguna forma el revocatorio, entonces la oposición no tendrá otra oportunidad de exigirlo porque solo se puede solicitar una vez en cada período presidencial”, asegura Luis Enrique Lander, director del Observatorio Electoral de Venezuela.

Maniobras dilatorias. El tiempo corre en contra de los opositores porque si el plebiscito se celebra después del 15 de enero del próximo año, entonces corresponderá al vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, asumir el poder en este país hasta el 2019. Luis Emilio Rondón, el único miembro del Consejo Electoral de tendencia opositora, ha indicado que el informe sobre la recolección del 1% de las firmas fue aprobado por unanimidad y solo se espera a un pronunciamiento del resto de las autoridades electorales para continuar el proceso revocatorio.

La petición de cancelar la inscripción de la MUD como partido, su ilegalización de facto, abre una fisura en el camino al diálogo. Los opositores han solicitado respetar los trámites para la activación del referéndum como como una condición para conversar con el Gobierno. “No hay ninguna posibilidad de negociar el revocatorio”, advirtió Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y excandidato presidencial.

No obstante, el oficialismo se aferra a la tesis del diálogo para hallar un aliento ante la crisis política en este país y detener la vertiginosa caída de la popularidad de Maduro. Las negociaciones para entablar una conversación entre la oposición y el oficialismo cuentan con la mediación del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, así como representantes del Vaticano.

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