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Benjamín Saldarria Prieto

Benjamín Saldarria Prieto

Ingeniero Informático

"Francia se entrega a la Cibervigilancia"

Tras los nuevos ataques que azotaron París, cobrándose la vida de más de 120 personas e hiriendo a centenares, el presidente francés, François Hollande, decretó el estado de emergencia en la nación, una medida excepcional que no se tomaba desde 2005, cuando los disturbios de la Banlieu golpearon la periferia de la capital gala.

"Francia se entrega a la Cibervigilancia"

Muchos medios se hacen eco de que el estado de emergencia en Francia prevé, además de restricciones a la circulación y reunión de las personas, que el gobierno pueda hacerse con el control de la prensa para asegurar la seguridad nacional si así se establece en su decreto, cosa que, en esta ocasión, no sucede. No obstante, destaca sobre la mesa la nueva ley de vigilancia que el pasado mes de mayo aprobó, no sin poca polémica el Parlamento francés.

Como recogieron entonces en la web especializada en tecnología The Verge, la legislación, que fue aprobada poco después de los ataques a la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, contempla que el gobierno pueda controlar y monitorizar comunicaciones personales como correos electrónicos o llamadas de teléfono sin necesidad de una orden judicial. Un comité de nueve personas supervisará la aplicación de la ley, pero solo cuentan con la facultad de aconsejar al primer ministro, y en ningún caso de modificar las decisiones de éste. La Constitución francesa, sin embargo, reconoce el secreto de las comunicaciones como un derecho de sus ciudadanos.

La nueva ley de vigilancia también permite que, en casos excepcionales, las autoridades instalen en áreas específicas del país unos dispositivos conocidos como ISMI, que permiten rastrear todas las comunicaciones móviles que se produzcan dentro de una zona determinada, e incluso seguir los movimientos de las personas que estén usando dispositivos móviles.

Otras medidas excepcionales contempladas por la legislación son la implementación de cajas negras que registren y analicen la actividad de millones de ciudadanos en Internet, o la instalación, en los domicilios de sospechosos de terrorismo, de micrófonos, cámaras y dispositivos de vigilancia en sus ordenadores.

Desde el reciente ascenso del ISIS, muchos han advertido sobre la fuerte presencia de la organización en Internet, desde donde podrían estar captando a adeptos en países occidentales. Las autoridades hablan de prevenir ataques terroristas realizando labores de inteligencia en la red, como la que permitió la detención en Barajas de una joven española que viajaba a Turquía para enrolarse en el ISIS, tras detectar su radicalización a través de foros yihadistas.

No obstante, a las críticas que la nueva legislación francesa de cibervigilancia ya acarrea por la falta de garantías que podría suponer para la ciudadanía, algunos aseguran que sucesos como los de París vuelven a cuestionar si verdaderamente las técnicas de ciberespionaje masivo ayudan a prevenir masacres terroristas.

Mientras tanto, Hollande llevará al próximo consejo de ministros, que tendrá lugar este miércoles, una propuesta para extender el estado de emergencia durante los tres próximos meses. La Constitución francesa señala que la ampliación del estado de emergencia por más de 12 días debe ser consultada en el Parlamento.

Las medidas de esta naturaleza poseen un fuerte espíritu expansionista sobre las libertades personales y el derecho a la privacidad, consagrado como derecho humano por diversos tratados internacionales.

Claro está que en el contexto de la “Guerra contra el terrorismo”, el fin justifica los medios para los partidos políticos mayoritarios y en general, a los ojos de la población que se encuentre dominada por el miedo.

Cada día se le otorgan nuevas conseciones a los gobiernos occidentales en aras de la seguridad nacional, y esta realidad abre un oscuro interrogante:

¿Qué razón tienen los líderes políticos para ponerle un freno a un suceso que aumenta directamente sus poderes?

 

Benjamín Saldarria Prieto es ingeniero informático, miembro del Comité para América Latina de la Electronic Frontier Foundation. 

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