Descubren varios casos indignantes en el IPV de Salta: los denunciaron por estafa

La administración de Mauricio Macri acaba de dar un paso que venía meditando desde hace meses con la intención de transparentar el destino de los fondos para la construcción de viviendas sociales y evitar así casos de corrupción. Se trata de la creación de un registro que deberán usar los distritos que reciban fondos nacionales.

A propósito, el Ministerio del Interior de la Nación, con la ayuda de algunos IPV, encontró en el último tiempo irregularidades llamativas en la asignación de viviendas sociales. Por ejemplo, en el noroeste hallaron 24 casos en los que titulares de casas en Tucumán tenían carpetas abiertas para obtener viviendas sociales en Salta. Según consignó La Nación, el Gobierno estima que se trataba de una organización para defraudar sistemáticamente al Estado, por lo que les iniciaron una demanda por estafa. También se hallaron casos en los que a un hombre se le asignaba una casa en una provincia, pero al mismo tiempo tenía otra unidad en un distrito vecino porque tenía dos familias.

Ambas inconsistencias deberían eliminarse con la inauguración del nuevo registro único. Se llamará Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe), una herramienta de gestión de la Base Única de Beneficiarios (BUB), que se aplicará a los convenios específicos suscriptos en el marco del Plan Nacional de Vivienda.