El Gobierno quiere tener listo en marzo el nuevo Código Procesal

El Gobierno espera tener listo en marzo el proyecto de reforma del Código Penal. El miércoles pasado fue la última de las 50 reuniones en el año que supervisó el ministro de Justicia Germán Garavano para avanzar con la reforma.

El juez de Cámara Mariano Borinsky es el encargado a su vez de presidir la comisión para el nuevo código. “El objetivo es facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico mediante un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad”, sostuvo el magistrado. La Comisión evalúa la posibilidad de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos previstos en el Código Penal.

Las sanciones que podrían preverse para las personas jurídicas son: multa, la suspensión de actividades; del uso de patentes y marcas; la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; o para participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; y/o la cancelación de la personería jurídica de la persona jurídica.

Se discute además la posibilidad de ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, entre otros delitos.

En el ministerio de Justicia señalan que la idea es que en el primer semestre de 2018 es que se vote el proyecto que el oficialismo presentó en el Senado sobre el código Procesal Penal.

Se trata de un régimen acusatorio que empezaría a funcionar primero en el norte del país; luego, el sur; y finalmente en el centro.