Reforma previsional: cuerpos, discursos, leyes y represión

El jueves y este lunes que paso pudimos presenciar una de las más brutales represiones de las últimas décadas de parte del gobierno nacional. Con la orden de parar el conflicto social, gendarmería replegó a los miles de manifestantes (organizados y autoconvocados) que se abalanzaban sobre la valla para frenar una sesión que implicaría aprobar la reforma provisional y entregar más de 100.000 millones de pesos de la manos del Anses (jubilaciones+AUH)… ¿para qué? Entre otras cosas para cumplir con las metas de ajuste fiscal que exige el FMI y poder seguir tomando deuda para financiar el déficit fiscal.

Por el aire de la democracia se blandieron discursos, vallas, manifestantes, piedras, gendarmería, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. ¿Hacia dónde vamos como país? ¿qué está pasando con el modelo económico y político de la Argentina?

En líneas generales se puede pensar que pasamos de un modelo basado en el consumo a uno que apuesta al achicamiento del estado y la inversión internacional. El déficit no hubiera sido tal si sin la quita de retenciones a las exportaciones (minería y soja) así como la desgravación impositiva para las empresas o la deuda condonada al Correo Argentino – cuyo dueño es Franco Macri – entre tantas concesiones que hizo el gobierno de cambiemos a los grupos macroeconómicos del país.

Mientras los números fiscales continúan en rojo, la inflación continúa y la recesión no da tregua, el gobierno de Cambiemos, que gano con el 40% de los votos en la última elección, observa que el tridente económico, político (ejecutivo+judicial) y mediático no alcanza para comandar la argentina: al oficialismo le falta el componente social.

Cientos de organizaciones sociales se movilizaron el pasado jueves 14 y lunes 19 de Diciembre para poner un límite a un gobierno que no le tiembla el pulso para cambiar las coordenadas de nuestras vidas. ¿Qué legitimidad tienen los representantes del Congreso para el Gobierno? ¿Son aliados o títeres? ¿Quién asumirá el costo político que significa desmantelar los programas de bienestar social que habían sido urdidos durante el gobierno anterior? ¿Cambiemos cumplirá con las promesas otorgadas a gobernadores de flujos de fondo a cambio de una votación positiva en la reforma?

En este punto vale la pena mirar lo que sucedió con las votaciones de los diputados salteños: Nanni, Martin Grande, Olmedo, Zottos y Kosiner votaron por la afirmativa mientras Leavy y David por la negativa. ¿Que intereses defienden? En una mezcla entre tensión política y clamor popular los votos fluyeron como decían las cartas a excepción de Javier David: más allá de la presión y la “organicidad” a un espacio, parece que la conciencia le pudo más y voto en contra, sellando su muerte (o nacimiento?) político más allá de la hegemonía urtubeicista.

Desde la perspectiva de este autor, si bien el gasto público fiscal iba en crecimiento, el estado contaba con las herramientas económicas e impositivas para afrontarlo. Al achicar el estado y sacar estas herramientas, tuvieron que sacar los beneficios otorgados.

Siguiendo esta lógica, si el estado no debe velar por el bienestar de los ciudadanos ¿quien debe hacerlo entonces?