Cuando Urtubey era diputado y pidió la expulsión de una legisladora
El gobernador fue legislador nacional y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La situación del ex ministro del kirchnerismo reabrió el debate sobre los fueros de los legisladores.
En medio de la polémica por la vigencia de los fueros legislativos, vale la pena recordar los casos registrados desde el 83 a la fecha. Sólo dos veces se procedió al mecanismo del desafuero. El caso De Vido ha puesto en el candelero nuevamente un tema que recurrentemente genera polémica en la política argentina: los fueros legislativos.
Eduardo Angeloz, acusado en febrero de 1996 por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social”, fue el propio ex gobernador radical -por entonces senador nacional- quien pidió al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, su desafuero para que la Cámara alta dispusiera “las medidas que estime pertinente”.
El caso más recordado y contundente fue el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien no fue desaforado, sino directamente expulsado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo, pero además dio una peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.
Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancari de Godoy, denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.
Comentarios