Cerrillos, la grieta que quieren tapar

La arbitrariedad con la que la intendente de Cerrillos Yolanda Vega se ha manejado desde el inicio de su gestión ya no es novedad para los vecinos pero pone en jaque a los concejales que ya no pueden detener este inminente proceso por las recurrentes faltas de deberes de funcionario público que pesan en su contra. 

La gota que rebalsó el vaso fue la incomprensible decisión de la mandataria de prorrogar el presupuesto 2016 por decisión propia, declarando ella misma inconstitucional el presupuesto 2017 aprobado por el Concejo Deliberante. La situación llegó a la justicia y la sentencia salió a favor del Concejo Deliberante. El motivo de la toma de decisión del juez fue la falta de  sustento para determinar la inconstitucionalidad. 

El cuerpo de concejales decidió solicitar al asesor legal del cuerpo, un detalle pormenorizado de la situación para saber qué pasos deberían seguir. El letrado les indicó que ante las recurrentes faltas del Ejecutivo, se debería  llevar adelante un juicio político conforme al proceso establecido en la Ley 7534.

La situación parecía llegar a concretarse esta semana pero los intereses personales y políticos en un año de campaña lograron diluir lo que corresponde, según indica la ley. 

Más allá del repentino viaje de Yolanda Vega la jefa comunal pareciera ser que dejó la casa en orden para que nada suceda en su ausencia. Hay quienes indican que Mario Fabian presidente del Concejo Deliberante ahora intendente Interino habría puesto en manifiesto que no remitiría la partida que el Ejecutivo adeuda al Concejo en su ausencia, mientras le entreguen una lista para jugar en las elecciones próximas. 

La línea que maneja el actual intendente interino Mario Fabian junto al vicepresidente del Concejo Daniel Ontivero hoy a cargo de la presidencia del cuerpo,  es la de dilatar dicha decisión del juicio político, situación que lograron ejecutar esta semana. En el camino inventaron una reunión para desarmar el tratamiento del juicio político en comisión, dejando sin quórum la mesa para tratar el tema. 

La grieta que hoy quiere tapar el intendente interino junto a su ladero el vicepresidente del Concejo Deliberante Daniel Ontivero, es un claro ejemplo de la falta de interés por legislar y hacer cumplir las leyes a rajatabla, cuando motivos para avanzar en consecuencia sobran. 

Los concejales opositores indican que intendenta Yolanda Vega desde el 10 de diciembre del 2015  ha cometido los siguientes delitos:

Incumplimiento de deberes de funcionario y Abuso de autoridad

                       

•    Autorizó adicionales por un 45% a distintos empleados y funcionarios del gabinete e incorporó nuevos empleados pese a la Declaración de Emergencia Económica del municipio.

•    Adquirió por compra directa un camión compactador sin realizar la licitación establecida por ley 6838. 

•    No solicitó la autorización del Concejo Deliberante para modificar partida. 

•    Realizó compra directa de luminarias por $300.000 sin licitación y sin dar a conocer el plan de trabajo y los lugares donde se instalaron dichos elementos. 

•    Contrató el servicio de limpieza a San Valentín S.A. cooperativa del hijo de la mandataria el Sr. Diego Valentín Sanz Vega y actualmente paga $ 50.000 por servicios por una pala cargadora.

•     El servicio público no se ha cumplimentado de acuerdo a lo establecido por la ordenanza tributaria que paga cada vecino.

•    Se licitó la compra de una moto niveladora y un camión, maquinarias que aún no aparecen. 

•    Resolvió no aplicar el presupuesto 2017 aprobado y ratificado por el Concejo Deliberante por lo que en mayo 2017 la justicia falló en contra de la cautelar del Ejecutivo, convalidando el presupuesto 2017 en vigencia. 

•    Por desobediencia judicial se íntimo al Ejecutivo al pago de $500.000 por deuda a la Defensoría del Pueblo. 

•    Con el Concejo Deliberante mantiene retención de partidas lo que suma una deuda de $1.300.000 

Este listado muestra la grieta generada por  la gestión actual, que pone en riesgo la institucionalidad y demuestra el abuso de autoridad plasmado en situaciones claramente comprobables.  

A esta grieta la quieren tapar la mayoría de los concejales, esos que cobran $ 20.000 mil pesos mensuales y que solo aparecen los martes para reunión de Comisión y los jueves para las Sesiones, pero que lejos están de dar cumplimiento a aquello  que su propio letrado les indicara en el informe “deben ejercer el control legal y político de la gestión del Ejecutivo Municipal que corresponde a un control lógico y necesario que demanda la forma representativa y republicana de gobierno”.

Mientras tanto la deuda del erario público siguen incrementándose y los servicios incumpliéndose y la tarea de control sin efectuarse.