El Gobierno Nacional quiere bancarizar los fondos de los partidos

La última elección presidencial dejó al descubierto las graves irregularidades que cometen los partidos políticos en campaña. Y también la insuficiencia de los controles del Estado y los vacíos legales de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que facilitaban el manejo de fondos de dudoso origen por parte de los partidos políticos. Aunque para las próximas Legislativas nada va a cambiar, el Gobierno dará un paso en los próximos días: enviará al Congreso la reforma de la ley 26.215, con el objetivo -y el acuerdo de buena parte del arco político- de avanzar con su tratamiento luego de las elecciones para que pueda comenzar a implementarse en 2019.

Luego de varias jornadas de debate, que comenzaron en julio del año pasado y en las que participaron jueces electorales, partidos políticos y representantes de ONGs como Julia Pomares (Cippec), Daniel Zovato (IDEA Internacional) y Pablo Secchi (Poder Ciudadano) y Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional), entre otros; el Gobierno dio por cerrado a principios de mayo el debate e incluyó las principales sugerencias de los expertos.

El proyecto, que ya está listo y fue girado al secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, es un pedido expreso del Presidente al ministro del Interior Rogelio Frigerio. El encargado de acercar posiciones y trazar los lineamientos fue el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, quien busca revancha luego de que el Congreso frenara el tratamiento de la reforma electoral y el voto electrónico.

La iniciativa, publicada por Clarín, tiene diez cambios centrales. Pero los especialistas sostienen que el más trascendente es la "bancarización" casi total de los fondos de los partidos. Esto servirá, aseguran, para asegurar el control de origen de los fondos y garantizar, por ejemplo, que detrás de una campaña haya dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción.

El artículo 14, que habla de las donaciones que reciben las agrupaciones, establece que "las contribuciones o donaciones en dinero deben ser efectuadas únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que permitan la identificación fehaciente del donante". En este sentido, el Gobierno y los partidos políticos impulsaron un "sinceramiento": esto es que se habilitará los aportes de personas jurídicas (empresas) en las campañas electorales, algo hasta el momento prohibido por la ley pero que en la práctica sucede. Sin embargo, el artículo 59 fija que los aportes no podrán ser "por montos superiores al dos por ciento (2%) de los gastos para esa campaña". Esto contribuirá para que ninguna empresa "compre" una candidatura.

Al mismo tiempo, el artículo 28, que habla de las erogaciones, especifica que sólo "podrán realizarse gastos en efectivo mientras no superen los 100 módulos electorales", menos de mil pesos, ya que cada modulo electoral actualmente representa unos $9,5. Es decir, los partidos políticos manejarán una "caja chica" acotada. No es un punto menor: como contó el periodista Federico Mayol, un especialista en financiamiento partidario, incluso el PRO pagó a muchos proveedores en efectivo durante la última campaña.

Otra novedad en ese sentido es la creación de un nuevo sistema de carga en línea y tiempo real de los aportes y gastos de los partidos político durante las campañas. Especialistas marcan que nunca se condice lo que los partidos políticos declaran y lo que se gasta. El artículo 81 del anteproyecto establece que las agrupaciones "registrarán sus ingresos y erogaciones de campaña en una plataforma electrónica" en un plazo no mayor a "cinco días hábiles" de realizada la operación. El incumplimiento de este procedimiento podrá deparar en multas de hasta 10 mil módulos electorales: cerca de cien mil pesos.

Los informes contables preliminares de las agrupaciones serán publicados en el sitio web de la justicia electoral diez días antes de cada elección.

Para garantizar una "auditoría expeditiva", como se propone el proyecto, se dejará plasmado en el artículo 37 que "la Justicia Nacional Electoral podrá requerir toda la información que estime necesaria para la realización de las auditorías" para "detectar las operaciones financieras en materia de financiamiento de los partidos políticos que involucren recursos de procedencia ilícita" al Banco Central, la AFIP, la ANSeS, la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción. "Todo otro organismo público que sea solicitado, deberá colaborar con los requerimientos que en esta materia efectuare la Justicia Electoral de manera pronta y efectiva", remarca.

También se creará el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios de campaña, que estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Esto ayudará al control: por ejemplo, de lo que se invierte -y quién lo hace- en la cartelería en vía pública.

Otro "sinceramiento" será la ampliación del periodo de campaña, que según la actual ley arranca 30 días antes de las elecciones. Ahora, se estirará a 50 días previo a las PASO y a 60 días antes de las generales. Sólo en ese período los candidatos podrán hacer campaña. Los partidos políticos no podrán difundir spots ni afiches electorales. Esto en la práctica no se controla. En el Gobierno aseguran que acordaron ampliar el plazo con las agrupaciones pero al mismo tiempo aumentar la rigurosidad ante incumplimientos.

Asimismo, se prevén sanciones a funcionarios por el uso de recursos públicos con fines partidarios y habrá restricciones a la publicidad oficial: no podrá exhibir nombres, imágenes o voces de candidatos y la promoción de programas públicos -anuncios de gestión- estará prohibida con 30 días (ahora son 15 días) de antelación a los comicios. Este tema era asunto de discusión -y reproche permanente de la oposición- durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Con todo, para controlar de manera más efectivo, el texto contempla nombrar más auditores que fiscalizarán todo lo que ocurre en cada distrito: hoy son apenas 8 y, si se aprueba el proyecto, habrá 24.

En Casa Rosada dicen que el proyecto será enviado al Congreso "este mes", antes del receso invernal.