Andrés Suriani

Concejal
Defender las instituciones

Hay que reaccionar: otro Nisman no por favor!

Este marco de previsibilidad que resultaba urgente y crucial para normalizar nuestro país se vio alterado con el ataque mafioso padecido por el Fiscal de La Plata Fernando Cartasegna.

En Diciembre de 2015 nuestro país emprendió un proceso de normalización que, de permanecer y afianzarse en el tiempo, nos generará una serie de beneficios que inevitablemente se reflejarán de manera positiva en muchos aspectos de la vida de los argentinos.



A primera vista podría decirse que no resulta tarea muy difícil encarrilar institucionalmente a nuestro país después de los desmanes que rozaban la obscenidad en la corrupta etapa kirchnerista, tales como la falsificación de índices oficiales o los avances sobre la independencia del poder judicial y la prensa. No obstante ese innegable contraste, la actual gestión fue más allá, y aunque muchas veces le resulte en términos políticos poco conveniente, se actúa con probidad reconociendo la crueldad de los números reales y también en algunos casos asumiendo la corrección de decisiones erradas.



Este marco de previsibilidad que resultaba urgente y crucial para normalizar nuestro país se vio alterado con el ataque mafioso padecido por el Fiscal de La Plata Fernando Cartasegna. Ante tal agresión se impone forzosamente el recuerdo todavía reciente de la muerte del Fiscal Alberto Nisman y pareciera que volvemos a darnos cuenta de lo mucho que nos falta crecer en términos de estabilidad republicana. La preocupación surge como consecuencia de la facilidad e impunidad con la que se perpetró el ataque contra el funcionario judicial, como también por la poca repercusión social que el penoso acontecimiento tuvo.



El Fiscal Penal, es un funcionario fundamental en nuestro sistema, él tiene en su poder la acción penal, es decir, es quien luego de anoticiarse de una situación ilegal de la cual podría emerger un delito tiene la tarea de actuar, de ordenar averiguaciones, levantar pruebas, ordenar detenciones y, en definitiva, fijar una imputación penal contra un individuo que delinquió. Vale decir, es quien en definitiva el Estado autorizó como el responsable de imputar una responsabilidad penal contra quienes violen las leyes penales.



Por lo tanto, un atentado contra un Fiscal representa lisa y llanamente una ofensa a la comunidad toda. Estas situaciones indican que tanto los ciudadanos de a pie, como los hombres con responsabilidades trascendentales tales como la del Fiscal Cartasegna, padecemos por igual el flagelo de la inseguridad, de la delincuencia organizada y también la laxitud con la que muchos jueces aplican las normas penales. Son muchos flancos que se deben resolver y a pesar de situaciones luctuosas como la descripta igualmente se empiezan a ver signos de reacción en muchos ámbitos.  Por eso apelo a que el anhelo constitucional de "afianzar la justicia" esté bien presente y constituya una obligación grave en este arduo proceso de recuperación institucional.

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