Apuran la promulgación de la nueva ley del 2x1 para evitar que 38 represores salgan de la cárcel

El fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad generó un enorme rechazo de la política, de los organismos de Derechos Humanos pero también de la Justicia. Un tribunal de San Juan declaró la inconstitucionalidad de la medida, mientras que muchos magistrados se opusieron a su aplicación. Además el Congreso acaba de sancionar una nueva ley que frena el beneficio a los represores, mientras que hubo una multitudinaria movilización para rechazar la decisión del máximo tribunal. El presidente Mauricio Macri, ayer, también expresó su repudio.

En medio de esta fuerte ola de repudio al fallo el Gobierno busca dar un gesto y apura la promulgación de la reciente norma, que se haría hoy mismo, y que evitaría que al menos 38 condenados por delitos cometidos durante la última dictadura pudieran beneficiarse con el 2x1. La lista incluye a detenidos que estuvieron en prisión preventiva por más de dos años y que están alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Se trata en su mayoría de represores que fueron juzgados tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con condena firme, sin posibilidad de apelación.

Entre ellos están Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, Jorge "Tigre Acosta", Julio "Turco Julián" Simón y Raúl Guglielminetti, algunos de los más feroces militares del último gobierno de facto. La cantidad de militares condenados que podrían reclamar el beneficio es mayor al listado inicial de 38 casos que hizo el Gobierno, que con la jefatura de gabinete a la cabeza advirtió que se trataba de un grupo limitado, consigna Clarín. Aunque la cantidad de casos podría aumentar: de acuerdo al último relevamiento de un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación hay más de 700 represores detenidos con condena. Aunque muchos de ellos están en la instancia de apelación no son tenidos en cuenta para este cálculo del Gobierno.

Tampoco se tienen en cuenta en este listado interno los condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen una pena de arresto domiciliario -494 según la Procuración- y a los 110 que están bajo el Programa de Vigilancia Electrónica, lo que podría aumentar todavía más este universo. De acuerdo al criterio del informe estos 38 represores tienen una situación similar a la de Luis Muiña, caso por el que falló el máximo tribunal. Muiña es un civil que formó parte de un grupo armado que actuó en el Hospital Posadas y que en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por desaparición de personas, secuestro y torturas.

Recién fue detenido con prisión preventiva en 2007, cuando se lo empezó a investigar, ya que antes había estado libre por las leyes de aministía (que luego fueron derogadas). Para esa fecha la ley del 2x1 -la 24.390- ya había sido derogada (estuvo vigente entre 1994 y 2001) pero por mayoría los jueces de la Corte consideraron que el beneficio de la ley más benigna también se aplica a los delitos considerados permanentes, por lo que, consideraron, correspondía aplicar la medida. La mayoría de los represores condenados recién saldría en libertad después de 2025. En el caso de Acosta, por ejemplo, sería el 3 de agosto de 2027 mientras que Astiz poco más de un més después, el 8 de septiembre de ese año.