Pino Rocha Alfaro

Abogado, ex funcionario provincial
Fin de ciclo

Reformada constitucional en serio

Nunca importó seriamente una calidad institucional y democrática acorde a los tiempos que nos encontramos transitando

En esta línea de tiempo que impera en toda Salta desde hace varias décadas, de una anómica impunidad institucional, el inicio de un indetenible y decadente fin de ciclo político provincial nos coloca en una incertidumbre de pavorosas y corrompidas consecuencias.



La hegemonía peronista por décadas en el noroeste argentino, favorecida por sistemas normativos sancionados en interregnos democráticos, abonó un sistema político en la provincia de Salta de régimen y unicato.



Luego de doce años de un proyecto político neoromerista y neoliberal, nos encontramos transitando los últimos tramos de doce años de otro proyecto político que a todas luces termina conformando una farsa democrática y republicana.



Más allá de ciertos trazos de políticas públicas activas en estos últimos veintidos años, el incontrastable dato de la realidad es que nunca importó seriamente una calidad institucional y democrática acorde a los tiempos que nos encontramos transitando.



Sólo fueron y son esquemas de poder para disponer de los fondos públicos a sus anchas y sin otra rendición de cuentas que el acomodamiento razonable en los encajes contables y presupuestarios del Estado año tras año en las Cuentas Generales de Ejercicio Estatal.



La sumisión recurrente de la función legislativa provincial resulta a estas alturas entre vergonzosa y resignada. La creciente e indetenible carencia de representantes de sólida formación política, ni aún los voceros de la izquierda, que justo es decirlo, nacieron y crecieron al calor del poder estatal de turno, parecieron incomodar demasiado y también hacen su contribución a la citada anomia.



Así también la función judicial del Estado y los órganos extra poder Ministerio Público y Auditoría General se vieron imbuidos de las improntas políticas que emanaban de la función ejecutiva de turno investigando y controlando entre quimeras…



Nunca existió ni existe voluntad política para luchar contra la corrupción estructural y enquistada en las diversas funciones y niveles de todo Estado provincial y municipales.



Pareciera todo absolutamente controlado pero, la realidad incontrastablemente demuestra que, la provincia nunca tuvo los niveles de endeudamiento público que ostenta en estos tiempos y reconociendo impúdicamente que lo hace para pagar sueldos estatales.



Sigue manteniendo un régimen de emergencia económica y administrativa, anterior a la nación, desde la década de los 90, como que intentando justificar los niveles de atraso y pobreza estructural a lo largo y ancho de la variada geografía provincial, además de la postergación del cobro de deudas con sectores de nula capacidad lobista.



Ahora ¿dónde reside la autoridad política para acometer un diálogo pluralista y republicano camino a un nuevo sistema institucional y democrático? ¿en un gobernador saliente con ex gobernadores? ¿en los presidentes de los decadentes partidos políticos existentes hoy en la provincia? ¿en pseudos consejos económicos sociales? ¿en asambleas populares? ¿en puebladas?



La necesaria reforma constitucional de la provincia, debe salir de una ley que recoja las imprescindibles inquietudes de todos los sectores comprometidos con la “res” pública…con la “cosa” pública…con la REPUBLICA…



El agravio a la democracia salteña viene materializándose recurrentemente en el incumplimiento sistemático de los preceptos fundamentales de la Constitución provincial vigente.



Hay que tener grandeza y desapego a los egos y ambiciones para asumir las responsabilidades institucionales que exigen los tiempos de hoy, reformular el sistema de representación política provincial, reformular la delimitación territorial política provincial, reformular el sistema electoral de votación provincial, reformular la duración de mandatos de toda autoridad pública ya sea elegida por el voto popular como los establecidos en la Carta Magna, redefinir el sistema legislativo provincial, incorporar institutos relativos a la participación ciudadana, a la anticorrupción pública y privada, la reformulación relativa al Régimen Municipal con la incorporación de la figura del Vice Intendente entre otros, la reformulación de los órganos de control, entre los más gravitantes.



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