La tensión social pone máxima presión sobre la agenda económica del Gobierno

El conjunto de conflictos que se condensó en la última semana mostró un clima social preocupante para las autoridades.

No sólo porque evidencia un descontento creciente, sino también porque muestra señales de desborde social y de "pérdida de la calle".

Tras su semana más difícil, el Gobierno decidió este viernes apurar una serie de paliativos sociales para intentar aquietar las aguas políticas que comenzaron a agitarse –y mucho– luego de una serie de grandes movilizaciones, paros y una suba en los índices de inflación y pobreza.

Si bien, a la luz de los acontecimientos, estas medidas buscan evitar daños mayores, no parecen a primera vista suficientes como para obstaculizar el devenir de las protestas que comenzaron días atrás.

Las movilizaciones, las cifras de inflación y pobreza, y la caída en las encuestas terminaron de convencer al presidente Mauricio Macri de que la estrategia comunicacional del "diálogo" se ha topado con fuertes limitaciones.

En la Rosada saben que ya no alcanza con escuchar o "tomar nota". Es por ello que en las últimas horas el Ejecutivo decidió desacelerar el ritmo del ajuste. O, en términos oficiales, apelar a un mayor "gradualismo".

El Presidente ordenó que se posterguen o atenúen los aumentos que estaban estipulados para el transporte público, el gas y el agua.

En un año electoral, no está dispuesto a pagar un mayor costo político, como es el de recortar subsidios, por el impacto que generaría en los ya golpeados bolsillos de los ciudadanos.

Lo que no estuvo en los planes, al parecer, es la agudización de los conflictos existentes.

En la búsqueda por contrarrestar los efectos de una "semana negra" (hasta corrió el rumor de que habría cambios en el Gabinete), este viernes se oficializó un aumento de las jubilaciones y fue reglamentada la Ley de Emergencia Social.

Se trata de un intento por descomprimir uno de los tantos flancos abiertos que hoy día tiene el Gobierno.

Sin embargo, hay ciertas tensiones políticas y sociales que este viernes mostraron una importante aceleración. Y marcan la antesala de cómo comenzará la semana: 

- Se iniciará con un paro docente en la provincia de Buenos Aires.

- La medida incluirá un cese de actividades de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad.

- Habrá una jornada de lucha que tendrá por protagonista a la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

Como si esto fuese poco, en pocos días la CGT le pondrá fecha a una huelga general y asoma en el horizonte un conflicto con el gremio del subte.

Como corolario, la "semana negra" del Gobierno culminó con el anuncio que el 15, 16, 21 y 22 de marzo habrá un paro nacional docente.

Para evitar una nueva gran movilización. Los movimientos y organizaciones sociales habían planteado para el lunes una importante movilización a Plaza de Mayo para reclamar por medidas que apunten a revertir la crisis económica que están viviendo.

Para desactivarla, el Gobierno reglamentó el viernes la Ley de Emergencia Social, que había sido aprobada en diciembre pasado.

La iniciativa había surgido también producto de la presión, en este caso, ejercida por las organizaciones de desocupados y trabajadores informales.

El mismo viernes, el presidente Macri convocó a "redoblar esfuerzos" para cuidar prioritariamente a los sectores más vulnerables.

En igual sentido se manifestó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley: "Vamos a seguir trabajando para revertir los índices de pobreza".

Esto, luego de que un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) provocara un sismo en la Casa Rosada.

No es para menos, ya que advirtió que durante la era Macri se "crearon" 1,5 millón de nuevos pobres y cerca de 600.000 indigentes, producto de un año de ajuste y recesión.

De acuerdo con el decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, el Presidente reglamentó la ley N° 27.345 que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.

Tras la noticia, el coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, anunció que las organizaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) finalmente no marcharán.

La movilización se enmarcaba en una jornada de asambleas "para discutir las políticas sociales en relación con la tierra, el techo y el trabajo".

Esto, en coincidencia con el cuarto aniversario de la designación del Papa Francisco. Finalmente, sólo van a participar de una misa.

No obstante, la victoria no fue plena para el macrismo. El miércoles, informaron desde CTEP, se realizará "una jornada de lucha con más de mil ollas populares en todo el país para mostrar la cantidad de gente que concurre a nuestros comedores".

"Hay una necesidad de establecer reclamos contundentes 'contra el Ejecutivo', indicó Menéndez. Y criticó al Gobierno porque "tardan en implementarse respuestas ante una situación que no puede demorarse más".

Aumento de las jubilaciones. El mismo viernes se publicó en el Boletín Oficial un aumento del casi el 13% en las jubilaciones, por lo que la mínima pasará de $5.661 a $6.394.

En tanto, el monto de Asignación Universal por Hijo ascenderá de $1.103 a $1.246, mientras que el valor de la Ayuda Escolar Anual pasa a $1.043 por hijo.

La mejora se da luego de que el Gobierno redujera la suba en los haberes, al modificar la forma de calcular el porcentaje en la movilidad de las jubilaciones y pensiones.

Esto había provocado fuerte críticas de la oposición y hasta de los propios aliados, por lo que Macri debió dar marcha atrás con la medida.

Fantasmas de Gabinete. En este agitado contexto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tuvo que salir a desmentir públicamente versiones sobre posibles cambios de Gabinete.

"La verdad que no, pero es una decisión del Presidente", afirmó Frigerio al ser consultado sobre eventuales cambios en el elenco ministerial.

Frigerio señaló que con respecto a la inflación "lo que hay que cuidar es la capacidad de compra del salario, el bolsillo de la gente".

Asimismo, defendió la suba de tarifas porque "también tenemos la responsabilidad de recuperar la energía en Argentina, después de años de destrucción del sector energético".

El mentado aumento del gas, en el marco de la “sintonía fina” que busca el Gobierno, se realizará en cuotas para amortiguar el golpe al bolsillo.

¿Este tipo de modificaciones alcanzarán para contener la tensión social que asciende día a día?

Por lo pronto, esta es la pregunta que circula en los principales despachos de la Casa Rosada.