El acusado por la muerte del enfermero no declaró pero cada vez está más complicado

Franco Jonathan Corvalán, de 28 años, arribó a esta ciudad el viernes pasado bajo una fuerte custodia policial. Llegó  procedente de Buenos Aires, donde fue capturado. En la audiencia de imputación, ante el fiscal penal, Pablo Paz, el acusado se negó a prestar declaración indagatoria. La fiscalía ordenó la extracción de muestras para realizar cotejos genéticos con rastros hallados en la escena del crimen.

En poder del imputado, policías de la División Homicidios, secuestraron el teléfono celular de la víctima, siendo éste uno de los elementos que llevaron a incriminar a Corvalán, quien después de cometido el asesinato de Leopoldo Federico Núñez, se trasladó a Buenos Aires, donde permanecía oculto.

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Según el decreto de imputación, Corvalán estuvo en la casa de la víctima la noche del jueves 1 de septiembre (en barrio Castañares), oportunidad en que asesinó a Núñez de dos heridas de arma blanca a la altura del cuello, tras lo cual se dio a la fuga en el automóvil del enfermero, como así también se llevó otros elementos de la vivienda.

Para el fiscal, Corvalán mató a Núñez para ocultar la consumación del delito de robo de bienes de la víctima, por lo que imputó al detenido el delito de “homicidio calificado crimins causa”, por el cual el Código Penal establece una pena de prisión perpetua.

Al respecto, el fiscal señaló que el la imputación se encuentra especificada en el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal, cuyo texto reza lo siguiente: “Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.”.

Al momento de la audiencia de imputación, realizada el viernes pasado, Corvalán, asistido por la defensora oficial, Karina Peralta, fue notificado formalmente de todos los elementos de pruebas colectados en la causa, tras lo cual se negó a prestar declaración indagatoria.

Posteriormente, Paz solicitó el mantenimiento de la detención del imputado, como así también ordenó la toma de muestras a fin de ser sometidas luego a un cotejo genético con los rastros hallados en la escena del crimen y en el arma asesina, tarea que se encuentra ahora en manos del CIF.