El 4,1% de los salteños recibe una pensión por invalidez
Con ese porcentaje, la provincia está en medio del ranking nacional.
Los números oficiales revelan que en la Argentina se pagan 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población. Pero cuando el foco se posa sobre la Población Económicamente Activa (PEA), el número salta al 6,9%, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.
Ese porcentaje, sin embargo, se dispara sustancialmente en provincias del norte, en las que también se registran elevados índices de pobreza. Santiago del Estero encabeza el ranking donde estas pensiones tienen mayor incidencia: la percibe el 35% de la población en condiciones de trabajar. Le sigue Formosa, donde el 31,96 % de los habitantes activos cobra el subsidio. Y en Chaco, ese porcentaje llega al 30,7%.
Los especialistas consultados por diario La Nación coincidieron en que creció el número de esas pensiones en los últimos años y que esto responde a un esquema de clientelismo político. "Estos subsidios se usaron como asistencialismo político", dijo Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
En Misiones, el 6,48% de la población global cobra una pensión no contributiva por invalidez (22,3% de la PEA); el 4,65% de los riojanos recibe el beneficio (13,6% de la PEA) y el 4,27% de los tucumanos (12,3% de la PEA).
Según los datos oficiales actualizados por el Ministerio de Desarrollo Social -organismo ante el que se tramitan las pensiones-, el 4,1% de los habitantes de Salta recibe una (11,8% de la PEA) y el 3,17% de los jujeños (9,55% de la PEA).
Para obtener la pensión, la persona debe presentar un grado de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral "en el 76% o más" (sea física o mental), además de no percibir -tampoco su cónyuge- ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no trabajar en relación de dependencia; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar; no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o bien que no estén en condiciones de hacerlo.
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