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Otra indagatoria a Cristina Kirchner por el negocio de la obra pública

El juez Ercolini dispuso además la inhibición general de los bienes de la ex presidente y solicitó la indagatoria de Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios.

El juez Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristina Elisabet Kirchner para el próximo 20 de octubre y dispuso la inhibición general de los bienes de la ex presidente en el marco de la causa que investiga el millonario negocio de la obra pública que favoreció a Lázaro Báez.



El empresario patagónico también fue citado a indagatoria por Ercolini, junto a ex funcionarios como Julio De Vido, José López, y Abel Fatala. La lista del juez incluye a 34 personas.



El pedido de indagatoria había sido hecho a Ercolini por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La ex jefa de Estado quedó en la mira de la justicia por su responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer, en principio, a Báez.



Luego de analizar 49 obras viales que desde el Estado Nacional -con la supuesta connivencia de varios funcionarios públicos tanto de la administración central como santacruceña- recibieron las empresas del Grupo Báez, Pollicita y Mahiques le pidieron a Ercolini que cite a las indagatorias.



Según los fiscales, para desarrollar la maniobra, los Kirchner designaron en distintos lugares de la administración pública nacional relacionada con las obras viales, a funcionarios que garantizaron el cumplimiento de lo ideado. Al mismo tiempo en la provincia de Santa Cruz, destinataria de las obras viales que se le otorgaron a Báez, se designaron funcionarios que para los fiscales contribuyeron al funcionamiento de la maquinaria de manejo de millones.



En el mismo sentido, en el fallo de Ercolini, dado a conocer por el Centro de Información Judicial, el juez sostuvo que "luego de destacar la extensión temporal y complejidad de la maniobra", llegó a la conclusión de que esta "se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales".



Estos son: la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.



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