La crisis política en Venezuela arrecia en vísperas de una manifestación opositora

Venezuela vivirá el jueves la puesta en escena de un nuevo capítulo de su interminable polarización. La oposición se ha planteado llenar las calles Caracas, la capital, con una caminata que partirá de varios sectores y se concentrará en su coto natural, el este de la ciudad, para exigir al Consejo Nacional Electoral que apure el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno, mientras tanto, también ha decidido salir a la calle en un esfuerzo por contrarrestar una imagen multitudinaria que confirme el rechazo a su gestión que anuncian las encuestas, y agitando las banderas de un supuesto golpe de Estado, un clásico del chavismo cuando la crispación aumenta en la nación sudamericana.

El gobierno ha organizado operativos de venta de alimentos regulados, escasos debido a las condiciones que impone su modelo económico, y ha anunciado “la toma de Venezuela”. Se espera que ese día sus simpatizantes se presenten en las plazas públicas y las vías en todas las ciudades. Los funcionarios más leales a Maduro han reiterado las amenazas de despedir a altos cargos de su administración que con su firma respaldaron la salida anticipada de Maduro.

El sábado el gobierno dio muestras de que parece tomarse muy en serio la protesta del jueves. En la madrugada el Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpió en la casa de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y número tres del partido Voluntad Popular, la formación que lidera el celebérrimo opositor Leopoldo López, para ejecutar una orden de un tribunal de suspender la medida de arresto domiciliario. Horas después el Ministerio de Justicia aseguró en un comunicado que había descubierto que Ceballos, uno de los líderes de las violentas protestas del primer semestre de 2014, tenía planes de fugarse para coordinar “actos violentos” en la clandestinidad a partir del 1 de septiembre. Ceballos ha sido recluido en un penal del centro de Venezuela.

Parte de la más alta dirigencia de la formación de López -el alcalde David Smolansky y los diputados Luis Florido y Freddy Guevara- también está amenazada con cárcel, según denunció en Twitter el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup. El régimen está convencido de que Voluntad Popular impone al resto de la oposición las condiciones para convertir una protesta como la del jueves en la excusa para derrocar a Maduro. Florido, que es también presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, ha asegurado que el gobierno tiene planes de criminalizar la llamada “toma de Caracas”.

Durante todo el sábado se esperaba que el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, preso en su casa desde 2014 tras los incidentes violentos del primer semestre de 2014 en Venezuela, también fuese trasladado, como Ceballos, a un penal. Más allá de las extremas medidas de seguridad que tomaron sus custodios el rumor no llegó a concretarse.

El Gobierno de Estados Unidos se manifestó “profundamente perturbado” por la decisión de volver a ingresar en la cárcel a Ceballos. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, condenó el domingo en un comunicado una maniobra que Washington ve como “un intento de intimidar e impedir el derecho de los venezolanos a expresar su opinión libremente el 1 de septiembre” y exigió la “liberación inmediata” de Ceballos. “En una sociedad democrática no hay espacio para usar instrumentos del Estado con el objetivo de intimidar y silenciar a la oposición política”, subrayó.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil sumó otra razón para respaldar la idea de quienes piensan que el gobierno quiere evitar que quede registro gráfico de las dimensiones de la protesta del próximo jueves. Desde el sábado están suspendidos los vuelos de jets privados y drones en todo el territorio. La medida cesará el próximo 5 de septiembre.

A falta de explicaciones oficiales el argumento del temor del gobierno empieza a cobrar forma en redes sociales y entre analistas. Ha sido una medida sorpresiva que también buscaría, según esas interpretaciones, evitar el traslado de líderes políticos entre las capitales de Venezuela y la llegada de dirigentes extranjeros a la manifestación. La esposa de López, Lilian Tintori, había asegurado en la semana la presencia en Caracas de representantes de varios organismos extranjeros.

El resultado y la expectativa generados con la manifestación no han hecho mella en el ánimo de las autoridades electorales, que siempre esperan el vencimiento de todos los plazos establecidos en un cronograma del referéndum para anunciar los próximos pasos. “La marcha de la oposición no cambiará en nada nuestros planes”, aseguró la rectora Socorro Hernández. Y advirtió que cualquier evento violento en la concentración devendría en la suspensión del proceso que pretende finalizar con la presidencia de Maduro.

Según ese plan, el segundo paso de ese largo camino ocurrirá a finales de octubre. Durante tres días aún no fijados la oposición deberá recoger el consentimiento del 20 por ciento del padrón electoral para convocar finalmente el referéndum. Aún quedan por definir algunos detalles antes de anunciar las fechas definitivas. Dos de las rectoras que velan por los intereses del gobierno en el Poder Electoral -la propia Hernández y Tania D’Amelio- pretenden que cada una de las 23 provincias de Venezuela aporten 20 por ciento de sus electores para convocar la consulta.

Si este requisito se impone será un hito para este tipo de consultas. En el proceso anterior convocado en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, se consideraron el total de rúbricas recogidas en todo el país sin reparar en el porcentaje que se obtuvo en cada región.