Fue a la Justicia para que su hija pasara de año y la mandaron a estudiar

La chica rindió mal dos exámenes y, como quedaba con cuatro materias previas y tenía que repetir el año, su mamá fue a la justicia. Pidió que le anularan las pruebas y acusó a la escuela de no haber entregado los programas de estudio. La jueza falló a favor del colegio: "Si recién se preocupó del programa horas antes del examen, quiere decir que se tuvo demasiada confianza o, bien, marcó desinterés sobre sus contenidos".

La adolescente es alumna del colegio privado Gabriel Taborín de esa ciudad y K (inicial del nombre de la estudiante) fue bochada en Inglés y Geografía en febrero. El director se negó a anular las mesas ante el argumento de la madre de que los programas de las materias no le habían sido entregados; frente a esa decisión realizó la presentación judicial.

Sostuvo que el colegio no cumplió con la normativa y que su hija quedaba "imposibilitada de poder cursar el 6ª año de la escuela secundaria, privándola de su derecho a aprender de raigambre constitucional, realización como persona y causándole perjuicios irreparables en su proyecto de realización como estudiante y persona".

No sólo se queja ante el director de que el programa de Inglés no estaba sino que manifiesta su disconformidad por la manera de evaluarla del docente. En el caso de Geografía, sostiene que en la instancia escrita, de tres preguntas una de ellas "versa sobre un tema que no se encuentra en el programa y es sólo un caso que aparece en el libro. Si el examen pretende evaluar conocimiento de la materia sería de esperar que sea lo suficientemente integradora".

Las autoridades del colegio rechazaron los argumentos y le ofrecieron la modalidad de cursado prevista para los repitentes este año.

Ahora la jueza de Conciliación Victoria Bertosi de Lorenzati rechazó el amparo por entender que la escuela hizo lo necesario para garantizar la evaluación y que, al momento de las mesas la estudiante no hizo referencia a ninguna de las "falencias" que después denunció.

"En consecuencia, no se violentó el derecho a 'aprender'. Sí se evidenció la falta de apego a las reglas educativas de la institución, la ausencia de responsabilidad de contar, desde el inicio de clases, con el programa de materias", sostiene el fallo de la magistrada publicado por el Diario Jurídico de Córdoba.

"La formación educativa del alumnado involucra a familias, escuelas, maestros y alumnos; todos en forma mancomunada para lograr los objetivos trazados por ambas partes de la relación educacional. Así y sólo así, tendremos alumnos que podrán pensar un futuro sustentable, con una formación educativa sólida, que les reasegure su realización conforme los objetivos a los que intentan llegar, mediante el estudio responsable de las materias correspondientes al cursado", sostiene el fallo en coincidencia con lo expresado por la dirección del Taborín.