Los casos de desaparición forzada en México, al nivel de Siria

El número de casos de desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán. Desde el 2008 han ocurrido 136 casos en México, al igual que en la república árabe de Siria. Los Estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Pese a este panorama, en el país no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas, expone un informe del Senado.

Desde que en el Gobierno anterior encabezado por Felipe Calderón (2006-2012) se emprendió el combate al crimen al organizado, los derechos humanos vinculados a los temas de seguridad pública y justicia han estado en el debate público. En los últimos años, la desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, son hechos que han estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos, destaca el documento elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del legislativo. Entre los casos más recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En ambos casos la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.

Los años que registran el mayor número de casos de desaparición forzada en México coinciden con periodos en los que las fuerzas armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno. Entre 1980 y 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de acuerdo con el último informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría ocurrieron en tres momentos específicos y que han marcado la historia de México: los años 70, que corresponden al periodo de la guerra sucia; 1994, que coincide con el conflicto armado encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas y el lapso de 2007 a 2012, el periodo de Gobierno de Calderón cuando se intensificó la guerra contra el narco. “Estos tres momentos o periodos históricos tienen en común la participación (justificada o no) del Ejército en tareas de orden público y seguridad”, resalta el informe.

Una de las principales demandas de los organismos de derechos humanos ha sido el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad interior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha argumentado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana y corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la delincuencia y la violencia. El organismo internacional también ha señalado que para el buen funcionamiento de un sistema democrático las actividades de investigación criminal e inteligencia deben corresponder a fuerzas policiales civiles que estén sometidas a los correspondientes controles por parte del Parlamento y, en su caso, del sistema judicial.

En México hay 27.659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según un registro nacional gubernamental. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas. El reto inmediato para el Senado es emitir una Ley sobre desaparición forzada que prevenga esta violación, facilite la localización de personas desaparecidas y contribuya a garantizar la reparación integral a las víctimas. Sin embargo, la aprobación se ha ido postergando. El pasado 30 de abril, cuando concluyó el periodo de sesiones, diversas organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos humanos criticaron a los legisladores por incumplir con el plazo para aprobar la norma.

Alejandra Nuño Ruiz Velasco, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, dijo que 40 organizaciones de la sociedad civil y 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron sus propuestas y participaron en las audiencias en el Senado de forma activa para contar con una normatividad eficiente, pero los legisladores no lograron desahogarla. La activista urgió a actuar para frenar esta crisis donde está demostrada la participación de las autoridades. "En muchos de los casos se ha demostrado la corrupción, colusión y tolerancia de las autoridades municipales. Lo paradójico es que el 96.5 por ciento de los casos es investigado por tales instancias locales".