Un juez dictaminó que sería ilegal hacer requisas en busca de alcohol

Los controles a los egresados en los hoteles en busca de evitar el consumo de bebidas alcohólicas en los viajes estudiantiles en Bariloche podrían quedar limitados ya que un juez determinó que serían ilegales las requisas del modo que se realizan, con inspectores municipales ingresando en las habitaciones y revisando el equipaje y las pertenencias de los jóvenes.

Las inspecciones en hoteles rigen desde el año 2000 cuando se aprobó la ordenanza municipal 1051 que establece controles más estrictos a los egresados. Por eso, los contingentes que llegan a la ciudad -que ascienden a 120.000 chicos al año- deben pasar un control en el acceso a la ciudad, cuando los inspectores ascienden a los colectivos, y sorpresivamente pueden recibir las requisas en los hoteles.

Para el juez Bernardo Campana esta medida debe regirse por los términos que prevé la constitución "con especial respeto a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la igualdad ante la ley, sean las personas mayores o menores de edad", informó el Poder Judicial al difundir un fallo del magistrado por el que sobresee a empleados municipales y coordinadores en un caso denunciado en agosto de 2014 cuando un padre de un contingente del colegio Centenario de La Plata denunció penalmente una inspección por considerarla un "allanamiento ilegal".

En esa inspección, dos agentes municipales al no estar el grupo en el hotel, ingresaron en compañía de un coordinador de la empresa estudiantil contratada y con el aval del gerente del establecimiento, y secuestraron 89 botellas de bebidas alcohólicas.

El padre denunciante es el juez de Casación Pena de La Plata, Víctor Violini, y en la causa judicial estuvieron imputados dos agentes municipales, Estela Andrade y Patricia Rivas, que realizaron la inspección cuestionada, el coordinador Mauro Lizzano y el gerente hotelero Carlos Salgado, quienes hoy fueron sobreseídos por considerar el juez Campana que sólo realizaron el procedimiento en cumplimiento de su trabajo y una ordenanza municipal que hasta el momento no había sido cuestionada.

El juez descartó que los imputados hayan obrado con la intención de realizar un allanamiento ilegal y que "actuaron convencidas de que cumplían su deber y que las ordenanzas municipales las facultaba al ingreso".

Además en el mismo fallo el juez barilochense señaló la posible inconstitucionalidad con os procedimientos de inspección que se realizan a los estudiantes. Incluso, el magistrado se reunió en las últimas horas con el secretario de Turismo local, Marcos Barberis, y comunicó personalmente la sentencia al intendente Gustavo Gennuso, quienes deberán reveer la ordenanza para evitar nuevas demandas judiciales.

Los controles a los grupos estudiantiles se acrecentaron hace 15 años luego de una seguidilla de incidentes en la ciudad con los contingentes y por el abuso del consumo de alcohol que hacían.

Desde entonces hay requisas en los colectivos en el ingreso a la ciudad, inspecciones sorpresivas en hoteles y además se estableció hace algunos años un mecanismo de mayor control y actividades para evitar que deambulen en las calles de la ciudad. Por caso, deben llegar a las discotecas en los colectivos autorizados de las empresas estudiantiles y con una pulsera magnética se control su ingreso y permanencia, además se puede hacer un seguimiento de los lugares por donde circula el estudiante.

El año pasado, el turismo estudiantil fue noticia por la muerte de una joven, Julieta Uriarte, producto de una neumopatía bilateral por la que no fue asistida en su viaje. En este caso, hay una médica de la empresa de asistencia al viajero que está imputada.

También se inició una causa penal por el presunto abuso sexual de un coordinador hacia una adolescente, cuya causa sigue su curso y el imputado fue liberado meses atrás.