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Quiénes son los cuatro jueces K que complican la prisión de Leonardo Fariña

Son cuatro magistrados con buena relación con el Gobierno anterior.

Aquella tarde en un hotel de Palermo, cuando resultó detenido por el delito de evasión fiscal agravada, Leonardo Fariña no alcanzó a percibir que dos años después de transformaría en el eslabón pérdidode la causa que llegaría a comprometer al gobierno kirchnerista, hasta el nivel de la presidenta Cristina Fernández.



Poco tiempo después comprendió que el  poder  –según manifestó en estos días- quería mantenerlo en el resguardo de las rejas. El juez Manuel “Negro” Blanco había firmado la orden de detención. El magistrado, fallecido con posterioridad, registraba un largo historial de control electoral en la Provincia. Entre otros procedimientos, la habilitación de las “testimoniales” 2009 que amparaba la deserción del candidato después de resultar electo. Daniel Scioli puede dar fe de ese gámbito.



En la posta del juzgado quedó Ernesto Kreplak, con su pasado reciente en el Ministerio de Justicia de la Nación (enero 2011), apenas asumida la secretaría del área por Julián Alvarez, responsable operativo de “Justicia Legítima”, la agrupación kirchnerista que diagramó la ocupación de espacios en Tribunales.



Kreplak, ahora juez federal de La Plata, en 2014 fue el presidente del tribunal que enjuició al fiscal José María Campagnoli por su actuación en la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. Y este año decidió elevar a juicio oral la causa que enfrenta Leonardo Fariña por el delito de evasión fiscal agravada en una operación de compra de un campo en Mendoza.



Sus antecedentes detallan un breve paso por la Defensoría General de la Nación, antes de su ingresó como secretario a la Unidad Fiscal para la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, por aquel entonces a cargo de Alberto Nisman.



El responsable del juzgado N° 1 acaba de ampliar la preventiva de Fariña por seis meses más. Obtuvo el respaldo de la Cámara Penal platense. Según el voto del juez camarista Germán Castelli existen “riesgos procesales de fuga”. Ponderó en sus fundamentos  "la falta de arraigo" de Fariña, "su capacidad económica, los numerosos viajes al exterior que ha realizado, como así también, su frecuencia, costo y modalidad, con contrataciones privadas en vuelos en varias ocasiones". El dictamen de Castelli fue respaldado por los otros dos camaristas, César Alvarez y Carlos Rosanski.



Para mayor prejuicio de Fariña con los actos procesales de estos despachos de los tribunales federales de La Plata, le recuerdan que Alvarez fue uno de los firmantes de la primera solicitada de “Justicia Legítima”. Y que Rosanski es uno de los soportes intelectuales más lúcidos de la agrupación.



Rosanski tiene un anclaje en las organizaciones de derechos humanos y su tarea, entre ellas el juzgamiento del ex comisario Miguel Etchecolatz –mano derecha del coronel Ramón Camps en la Policía bonaerense durante la dictadura- resulta “inobjetable”, según los impulsores de esas causas de lesa humanidad.  En cambio, el camarista tuvocuestionamiento por manejos “autoritarios” con personal judicial bajo sus órdenes.



Un bache, aún abierto a la discusión, es la presunción de algunos sectores sobre la “falta de cobertura” de Julio López, el anciano desaparecido hace nueve años, el mismo día de los alegatos en el juicio a Etchecolatz. López había sido un testigo fundamental de la causa y cuyo tribunal presidió Rosanski

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