Dejaron en la calle a familias salteñas que vivían hace 50 años en una finca

Las familias Alvarez y Díaz fueron desalojadas hace 10 días de tierras que habrían ocupado por más de 50 años. El campo en cuestión tiene 625 Ha, se llama Finca Libano, y está ubicado en el departamento de Anta, primera sección, por la ruta provincial Nro. 5 km 25, municipio de Las Lajitas (se entra por Lumbreras). Esta mañana protestaron en la Legislatura, en Salta Capital, denunciando el incumplimiento de la ley 7658 que tiene una prórroga hasta diciembre y suspende los desalojos a campesinos/as a pesar de las sentencias judiciales.

En comunicación con Gerardo Díaz, manifiesta que la justicia está incumpliendo con el art 9 de la ley 7658. Lo que dice este artículo es que deben suspenderse la ejecución de sentencias, cuyo objeto sean el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 3.999 o 4.015 del código civil. Díaz pide: "que me devuelvan la confianza en la justicia". 

De acuerdo a lo que explica al sitio Anta Periodismo, hace 10 días sufrieron el desalojo. Él con su familia y 50 vacas pudieron trasladarse al campo de un vecino "de buen corazón" que le ofreció donde hospedarse.

La familia Alvarez no tuvo la misma suerte, quedaron a la vera de la ruta Nro. 5 con sus animales: cabras, y perros. Aún no pudieron sacar 50 vacas del lugar y tampoco tienen a donde trasladarlas. Lopez les habría cerrado todo con llave e incluso cortado un camino vecinal. 

Necesitan ayuda con agua y alimentos para consumo humano y de los animales. (Contactar al tel 3875746149).

El proceso judicial por las tierras de Las Lajitas, comenzó el 6 de marzo de 2009, intervino la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de Metán, Olga Sapag. Fue un juicio reivindicatorio por un particular de apellido Lopez, que sería de Metán. La sentencia definitiva de primera instancia se dictó el 22 de diciembre de 2014 haciendo lugar íntegramente a la demanda que conlleva la desocupación y restitución del inmueble en el término de diez días. Tal sentencia fue confirmada en segunda instancia el 21 de noviembre de 2016 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenándose allí la restitución del inmueble desocupado. Y un recurso de inconstitucionalidad fue rechazado el 9 de febrero de 2017 por la misma sala. La Corte de Justicia rechazó un recurso de queja en esta causa el 9 de octubre de 2017 quedando firme la sentencia original.

Para la jueza Olga Sapag la Ley 7658 Decreto Reglamentario 1005/17 que prohíbe desalojos de familias rurales no resulta aplicable al caso ya que los demandados no acreditaron su calidad de poseedores (lo que es protegido por la ley), o bien resultaban ser solo tenedores, reconociendo en otro el derecho de propiedad. Ordenó entonces la desocupación del inmueble.

Gerardo Díaz, dice que les corresponde la propiedad veinteañal porque vivían hace más de 50 años en el lugar. Sostiene que allí quedaban solo su familia y la Alvarez, y que con estas expulsiones "están matando la cultura del lugar".

Las familias quieren que los diputados garanticen que se cumpla con la ley 7658 y que las tierras sean restituidas.