Con apenas dos objeciones, senadores aprobaron la polémica reforma al Código Procesal Penal

La Cámara de Senadores convirtió anoche en ley la reforma del Código Procesal Penal de Salta que diversos sectores de la ciudadanía fustigaron con dureza por considerar que su implementación pondrá en riesgo las libertades de las personas y atenta contra el sistema republicano, a 30 años de la recuperación de la democracia. Para los entendidos, el articulo 20, que faculta a la policía a practicar requisas sin orden judicial, trajo a la memoria recuerdos de hechos y situaciones que provocaron mucho dolor a los argentinos.

El proyecto impulsado por el gobernador Juan Manuel Urtubey fue acatado a pie juntilla por los legisladores oficialistas, tal como lo hicieron sus pares de la Cámara de Diputados en la sesión del martes pasado. Se planteó que la reforma, por su peligroso contenido, requería de una discusión más profunda, con la participación de otros actores de la sociedad. Por ese motivo la cafayateña Silvina Vargas solicitó que el proyecto sea derivado a comisión para un mejor análisis. Sin embargo, el senador Jorge Soto, del oficialismo, tenía expresas directivas para el tratamiento sobre tablas. De esta manera el oficialismo cercenó la posibilidad de la discusión y, aprovechando su mayoría en las cámaras legislativas, logró que una ley tan trascendental se aprobara en tiempo récord.

La sanción de la ley fue un simple trámite, ya que muchos legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de leer el proyecto, como fue el caso de Vargas. La senadora de Cafayate no pudo ni siquiera plantear un debate y por ello solicitó la vuelta del proyecto a comisión. “Yo creo que en estas condiciones no podemos aprobar una ley, sobre todo tratándose de una iniciativa relacionada con las garantías constitucionales”, expresó. “Para darle sustento a una legislación, los legisladores en su conjunto debemos estar imbuidos de su contenido” dijo; y agregó que “las cosas apuradas, las cosas exprés, no sirven y creo que lo mejor es mantener las buenas costumbres legislativas”.

En defensa el proyecto, el senador Soto, representante de La Viña, argumentó que el fin de la cuestionada reforma es fortalecer el sistema acusatorio, en el que el cuerpo de fiscales lograrán más en la Justicia, dejando cada vez más relegado a los magistrados. En relación a los cuestionamientos del artículo 20, el legislador sostuvo que “esto en nada modifica el esquema básico de la actuación policial”. A su juicio, las atribuciones que tendrá la policía de detener sin orden judicial “no violenta en nada las garantías constituciones”. Para no dejar dudas acerca de su posición, Soto expresó que “el nuevo diseño orgánico de la Justicia de Salta será beneficioso para la sociedad”.

El renovador Roberto Gramaglia anunció que se iba a abstener por considerar que la reforma va a contrapelo con una ley de narcotráfico de la que él fue uno de sus autores. “Simplemente no quiero ser un obstáculo para este propuesto y por eso pido que respeten mi posición”. A su turno, el presidente del Bloque Justicialista, el cerrillano Alfredo Jorge, efectuó una encendida defensa del proyecto del Gobernador al sostener que “la ley es buena y va a ser aceptada por la sociedad”. Pidió que nadie tema de las facultades que se le otorgará la policía al momento de cumplir con su obligación. “El que se exceda recibirá, como corresponde, todo el rigor de la ley”, sentenció. Al final, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría y para los pocos curiosos que siguieron la sesión quedó la sensación de impotencia.

Fuente: Ruben Arenas - El Tribuno